Responsabilidad del Empleador ante el IESSEn el mundo laboral ecuatoriano, el cumplimiento de las obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no es solo una formalidad legal, sino un pilar esencial para garantizar la protección de los trabajadores y el equilibrio del sistema de seguridad social. ¿Qué sucede cuando un empleador no cumple a tiempo? ¿Qué medidas puede tomar el IESS? ¿Cuáles son las consecuencias? A continuación, te lo explicamos a través de las disposiciones clave de la Ley de Seguridad Social.Cuando el retraso cuesta: Intereses y Multas por Mora PatronalEl artículo 89 de la Ley de Seguridad Social establece que si un empleador se retrasa en el pago de aportes, fondos de reserva o descuentos autorizados por el IESS, se aplicará un interés equivalente al máximo convencional permitido por el Banco Central del Ecuador, incrementado en cuatro puntos. Esta medida busca no solo compensar al sistema por el retraso, sino también desincentivar el incumplimiento.Freno a la mora en el sector públicoCuando los organismos públicos incurren en mora, el artículo 90 faculta al Contralor General del Estado a bloquear fondos y retener directamente lo adeudado al IESS. Esto asegura que ni siquiera el sector público quede impune ante el incumplimiento de sus obligaciones. Si bien puede existir la opción de firmar convenios de pago, estos deben estar garantizados y no interrumpen el derecho del IESS a cobrar por la vía coactiva.Convenios de purga de mora: ¿una segunda oportunidad?El artículo 91 permite que los empleadores que enfrenten una imposibilidad real (como fuerza mayor) para cumplir con sus pagos puedan suscribir convenios con el IESS. Estos convenios no eximen del pago de intereses ni de multas, y en caso de incumplimiento, se convierten automáticamente en títulos ejecutables. Además, se excluyen los montos que el empleador ha retenido al trabajador, como los préstamos del IESS, lo que protege directamente al afiliado.Autorización y garantías: requisitos para conveniosEl Consejo Directivo, el Director General y los Directores Provinciales del IESS son quienes autorizan los convenios según la cuantía (Art. 92). Además, el artículo 93 exige garantías incondicionales y de pago inmediato, como hipotecas o garantías emitidas por aseguradoras, para asegurar el cumplimiento de dichos convenios.Responsabilidad patronal: cuando la negligencia perjudica al trabajadorSi por culpa del empleador el IESS no puede entregar al trabajador las prestaciones a las que tiene derecho, el artículo 94 establece que el empleador será responsable de los perjuicios causados. El IESS podrá conceder las prestaciones de inmediato, aunque no se haya hecho efectiva aún la responsabilidad del empleador, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en 2021.Acción inmediata del IESS en caso de moraEl artículo 95 obliga al IESS a iniciar una acción coactiva dentro de los 30 días de producido el hecho generador de responsabilidad patronal. Esta acción puede terminar solo con el pago completo o mediante un convenio de purga garantizado.Los derechos del trabajador no se suspendenA pesar de la mora patronal, el artículo 96 asegura que el IESS debe entregar prestaciones esenciales como enfermedad, maternidad, desempleo, y auxilio de funerales. Esta disposición protege la continuidad de derechos fundamentales del afiliado, sin importar el incumplimiento del empleador.La responsabilidad no termina con el cambio de dueñoEl artículo 97 introduce una medida crucial: la responsabilidad solidaria del nuevo propietario o tenedor de un negocio con el anterior, si este tenía obligaciones pendientes con el IESS. Además, el IESS debe emitir certificados de deuda dentro de 30 días a solicitud del comprador, arrendatario o usufructuario.Sanciones adicionales por mora persistenteSi la mora supera los 90 días, el artículo 98 permite al IESS solicitar la suspensión de la afiliación del empleador en las cámaras correspondientes. Por otro lado, el artículo 99 establece que las deudas incobrables pueden ser castigadas contablemente, lo cual no implica condonación, sino una medida administrativa que restringe el acceso del deudor a beneficios del sistema.Ni intereses ni multas se perdonanFinalmente, el artículo 100 es tajante: se prohíbe la exoneración de intereses, multas y recargos generados por la mora patronal. Todos los funcionarios encargados de autorizar convenios deben asegurarse de incluirlos; de lo contrario, podrían ser destituidos.Reflexión final: Responsabilidad y solidaridad para fortalecer la seguridad socialEl conjunto de normas analizadas revela una política legal estricta pero necesaria para proteger los derechos de los trabajadores y asegurar la sostenibilidad del IESS. La ley reconoce que pueden existir dificultades económicas, pero también establece límites claros, garantías firmes y consecuencias inevitables ante el incumplimiento.El mensaje es claro: cumplir con las obligaciones patronales no es opcional, y el Estado tiene herramientas legales y financieras para hacerlas efectivas. Para el trabajador, esto significa mayor seguridad; para el empleador, un llamado a la responsabilidad. Fuente: Asamblea Nacional. (2024). Ley de Seguridad Social (Ley 55, Registro Oficial Suplemento 465 de 30 de noviembre de 2001, última modificación: 25 de marzo de 2024).Blog escrito por la Consultora Ashly ManchaySábado 10 de Mayo del 2025
El derecho internacional humanitario protege las personas en todo el mundo al limitar el sufrimiento que provocan las guerras los convenios de ginebra de 1949 firmados por países de todo el mundo establecen distinciones claras entre quienes combaten y quienes no como los heridos las personas civiles y los prisioneros de guerra.El primer convenio protege a los militares heridos y enfermos establece la obligación de dar un trato humano atención médica y protección contra la violencia en particular contra el homicidio y la tortura dispone la recolección de los enfermos heridos y fallecidos así como la protección del personal y las instalaciones de salud. Reconoce la cruz roja y la media luna roja como signos visibles de protecciónEl segundo convenio adapta el primero a las fuerzas armadas en el mar y los heridos los enfermos y los náufragos Este Convenio reemplazó el Convenio de La Haya de 1907 para la adaptación a la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1864. Retoma las disposiciones del I Convenio de Ginebra en cuanto a su estructura y su contenido. Consta de 63 artículos aplicables específicamente a la guerra marítima. Por ejemplo, protege a los buques hospitales. Tiene un anexo que contiene un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico y religioso.El tercer convenio protege a los prisioneros de guerra se los debe tratar con humanidad y en particular no pueden ser asesinados ni torturados en ninguna circunstancia no deben ser sometidos a violencia sexual las mujeres y otros prisioneros de guerra en una situación particular de riesgo gozan de protección específica los prisioneros de guerra deben recibir en forma adecuada alimentos, agua, ropa, alojamiento y asistencia médica se les debe permitir escribir cartas a sus seres queridos y recibir visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja y deben ser liberados sin demoras tras el fin de las hostilidades activasEl cuarto convenio protege a las personas civiles en particular las que están en manos de una parte adversaria las personas civiles protegidas deben ser tratadas con humanidad actos como el homicidio y la tortura no se permiten en ninguna circunstancia no deben ser sometidas a violencia sexual. Los grupos que corren riesgos particulares como las mujeres y los niños gozan de protección específica una potencia ocupante en la medida de lo posible debe procurar que la población disponga de alimentos e insumos médicos el convenio establece normas relativas a la asistencia humanitaria y protege a las personas civiles detenidas que también tienen derecho a las visitas el comité internacional de la cruz roja.Los convenios deben aplicarse sin discriminación de ningún tipo. Los convenios regulan los conflictos armados internacionales es decir entre los estados, el artículo 3 común a todos ellos concede protección fundamental en todos los conflictos no internacionales es decir aquellos en los que participan actores no estatales esta disposición es muy importante ya que este tipo de conflictos representan la mayoría.En la actualidad existen tres protocolos adicionales que amplían la protección que otorgan los convenios. El primer protocolo en 1977 que abarca los conflictos armados internacionales contiene principios clave para la conducción de las hostilidades entre otras protecciones importantes. El segundo protocolo en 1977 plantea normas esenciales para determinados conflictos armados no internacionales. El tercer protocolo en 2005 reconoce el cristal rojo como emblema adicional en el Derecho Internacional Consuetudinario. Referencias BibliográficasSandra, N. P., & Novak, F. (2022). Derecho internacional humanitario. En Pontificia Universidad Católica del Perú. https://doi.org/10.18800/9972426084Serrano, A. S. (2007). El derecho internacional humanitario y las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Plaza Valdes. Trindade, A. A. C. (2001). Derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional de los refugiados y derecho internacional humanitario: aproximaciones y convergencias. Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 1(49), 77-168. https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/des-10992Blog escrito por el Consultor José BarrigaMiércoles, 07 de Mayo del 2025
Qué es y cómo funcionaEn el mundo empresarial, es común que una de las partes de un contrato ya no pueda —o no desee— continuar cumpliendo con sus obligaciones contractuales. En estos casos, la figura de la cesión de contrato puede ser una solución viable, permitiendo que un tercero asuma los derechos y obligaciones de la parte que se retira. El Código de Comercio del Ecuador regula esta figura entre los artículos 277 y 283, proporcionando un marco legal claro para su aplicación.¿Qué es la cesión de contrato?De acuerdo con el artículo 277, la cesión de contrato es la transferencia que uno de los contratantes (el cedente) hace a un tercero (el cesionario) de su posición contractual, es decir, tanto de los derechos como de las obligaciones que emanan del contrato. No obstante, esta cesión no puede realizarse unilateralmente, sino que requiere el consentimiento expreso de la otra parte del contrato o de los demás contratantes.¿Qué sucede con las obligaciones del cedente?El artículo 278 permite que el cedente y el cesionario pacten una liberación total o parcial de las obligaciones del cedente. Sin embargo, el artículo 280 aclara que esta liberación solo será efectiva una vez que la cesión haya sido consentida por la contraparte y notificada adecuadamente.Si el cesionario no libera al cedente, este último sigue siendo responsable por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que el cesionario no haya cumplido. En ese caso, la contraparte puede exigir el cumplimiento directamente al cedente, sin necesidad de esperar que el cesionario incumpla.Consentimiento y sustitución de las partesEl artículo 279 permite que cualquiera de las partes pueda ser sustituida por un tercero siempre que la contraparte lo consienta. Si ese consentimiento se ha dado de forma anticipada en el contrato, la cesión será válida desde el momento en que se notifique o se acepte expresamente.¿Qué derechos tiene el cesionario?Según el artículo 281, el cesionario puede oponer a la contraparte todas las excepciones derivadas del contrato original (llamadas excepciones reales), pero no puede utilizar como defensa situaciones o reclamos que solo afecten la relación entre el cedente y la contraparte, a menos que se haya reservado expresamente ese derecho.Limitaciones y consideraciones adicionalesEl artículo 282 establece que estas reglas no se aplican si la cesión de contrato ocurre dentro del contexto de una transferencia empresarial, la cual tiene su propia regulación especial. Por otro lado, el artículo 283 señala que si la cesión de contrato incluye también la cesión de créditos, se deberán aplicar las normas correspondientes a la cesión de derechos.La cesión de contrato es una herramienta útil en el ámbito comercial, pero requiere del cumplimiento de varios requisitos legales clave, especialmente en cuanto al consentimiento de las partes involucradas. También es fundamental definir claramente si el cedente quedará liberado de sus obligaciones, y entender los límites de las defensas que puede ejercer el cesionario. Como en todo contrato, una redacción cuidadosa y asesoría legal adecuada son fundamentales para evitar conflictos y asegurar la validez de la cesión. Fuente: Código de Comercio. (2019). Registro Oficial Suplemento No. 497. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila ProañoLunes, 05 de Mayo del 2025
En el vasto conocimiento de la historia humana, la huelga ha sido una herramienta fundamental para los trabajadores en la defensa de sus derechos laborales y económicos. Surgió como respuesta a las condiciones laborales injustas y ha sido utilizada como medio de presión para la negociación con los empleadores y el Estado. Responde a una interrupción de la actividad laboral por parte de los trabajadores para defender sus intereses y derechos económicos. Es un derecho irrenunciable e irreversible que asiste a los trabajadores.Es así como este figura fue reconocida en la Constitución de 1978 y posteriormente en las de 1998 y 2008. La legislación regula los procedimientos que deben seguir los trabajadores para ejercer este derecho, incluyendo la notificación a las autoridades competentes y la organización de un comité especial en ausencia de un comité de empresa.Entre nociones históricas de huelgas se encuentran; Primera Huelga Nacional Unitaria (13 de noviembre de 1975): Convocada por varias organizaciones sindicales y de trabajadores. Con una duración de 24 horas. Plataforma de lucha que incluía demandas relacionadas con los derechos laborales, la reforma agraria y la nacionalización de sectores clave de la economía. Segunda Huelga Nacional Unitaria (18 de mayo de 1977): Convocada por organizaciones sindicales y de trabajadores. Con una duración de 24 horas. Reiteración de las demandas de la primera huelga nacional unitaria. Tercera Huelga Nacional Unitaria (13 de mayo de 1981): Convocada por el Frente Unitario de los Trabajadores y la Federación de Estudiantes Universitarios. Con una duración de 24 horas. Plataforma de lucha que incluía demandas relacionadas con los precios de los productos básicos, los salarios, la seguridad social, la reforma agraria y la oposición a la carrera armamentista. Cuarta Huelga Nacional Unitaria (9 de diciembre de 1981): Convocada por el Frente Unitario de los Trabajadores, la Confederación Nacional de Servidores Públicos y la Federación de Estudiantes Universitarios. Con una duración de 24 horas. Plataforma de lucha que incluía demandas similares a las anteriores, especialmente relacionadas con los salarios y la separación del ministro de Finanzas.En contraste, el paro también es reconocido por la Constitución, otorgando a los empleadores el derecho de declararlo, según el Código del Trabajo. Responde al cierre del centro de trabajo decidido por el empresario o empleadores coligados. La legislación contempla los casos en que puede declararse el paro, como crisis económicas o falta de materia prima, y los procedimientos que deben seguir los empleadores, incluyendo la comunicación formal a las autoridades y a los trabajadores afectados. Esta suspensión del trabajo puede tener repercusiones en la estabilidad económica de la empresa y en el empleo de los trabajadores afectados. Históricamente bajo el Gobierno de Jaime Roldós Aguilera en Ecuador, se introdujo la figura del paro patronal como respuesta a la situación derivada de la deuda privada externa en la economía nacional. Esta deuda estaba denominada en dólares en lugar de sucres, lo que implicaba ciertas dificultades para la economía ecuatoriana. Para hacer frente a esta situación, se adoptaron medidas adaptadas a los programas de "Estabilización Económica" impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Comité de Gestión de los bancos extranjeros. Estas medidas incluyeron la sucretización de la deuda externa, que se llevó a cabo mediante la emisión de decretos, destacando el Decreto Ejecutivo 877 que devaluaba el sucre al aumentar la cotización del dólar en el mercado oficial. La devaluación del sucre y otras medidas económicas propuestas, como la eliminación de subsidios y el estímulo a los exportadores, generaron descontento entre los sectores populares y laborales. En noviembre de 1983, se produjo una nueva huelga nacional en la que participaron diversos movimientos sindicales y sociales, incluida la Union General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y sectores gremiales vinculados al Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador. Esta huelga fue una expresión de protesta contra la política económica del gobierno y buscaba un cambio ideológico en la conducción del Estado. En respuesta a la presión social y laboral, el sector empresarial decretó un paro empresarial para protestar por las medidas económicas del gobierno y exigir un cambio en la dirección del Estado. Tanto el paro propuesto por los empleadores como la huelga nacional del pueblo fueron considerados como medidas de término indefinido, lo que paralizaría todo el sector productivo hasta que se derogaran las medidas impuestas por el gobierno. Sin embargo, esta idea fue descartada debido a la crisis económica que enfrentaba Ecuador y las repercusiones negativas que tendría en los grupos más vulnerables de la sociedad.La huelga es un derecho de los trabajadores para defender sus intereses, el paro es un derecho de los empleadores para proteger sus negocios. Ambos pueden tener impactos significativos en la economía, tanto a nivel de la empresa como a nivel nacional, dependiendo de su duración y alcance. Ambos derechos están sujetos a restricciones, especialmente en lo que respecta a la paralización de servicios públicos y la necesidad de garantizar su funcionamiento.Entre las diferencias encontramos las de sus definiciones, en el caso el paro se define como la paralización de la producción por parte de los empleadores debido a situaciones externas, como la falta de insumos o capital. Se diferencia de la huelga, que es la paralización organizada por los trabajadores para reclamar mejores condiciones laborales. Referencias BibliográficasChiriboga, G. (1995). Conflictos colectivos, huelgas y paros temporales 1973-1994: estadísticas laborales de Ecuador. Ninahualpa, L (2009) La huelga y el paro [Tesis para la obtención de Maestría, Universidad Técnica Particular de Loja] https://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/6329/1/tesisluis.pdf Sánchez, K. (2022). Tipificación de la sanción por Paro Patronal ilegal en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano [Tesis para la obtención del Título de Abogada, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil] http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/5294/1/T-ULVR-4287.pdf Tamiraz, M., Sacta, R., Zabala, D., & Sánchez, J. (2019). La huelga en el sector público ecuatoriano. Revista IURIS, 2(17).Blog escrito por el Consultor José BarrigaSábado, 03 de Mayo del 2025
La cesión de deuda es una figura legal que permite transferir una obligación de pago o de prestación de servicios de una persona a otra. Aunque en la práctica suele confundirse con la cesión de crédito, su estructura y consecuencias jurídicas son diferentes, ya que aquí no se cede el derecho de cobro, sino la obligación de cumplir. Según los artículos 284 al 287 del Código de Comercio, la cesión de deuda se puede entender bajo las siguientes reglas: ¿Cómo se realiza la cesión de deuda? La transferencia de una obligación puede surgir de dos formas: ● Por acuerdo entre el deudor originario y el nuevo deudor, lo cual requiere el consentimiento expreso del acreedor. ● Por acuerdo entre el acreedor y el nuevo deudor, donde el nuevo deudor asume directamente la obligación. El consentimiento del acreedor es crucial. Sin su autorización, aunque el nuevo deudor se comprometa a pagar, tanto el deudor original como el nuevo quedarán solidariamente obligados, es decir, ambos podrán ser exigidos por la totalidad de la deuda. ¿Puede liberarse al deudor originario? Sí. El acreedor tiene la facultad de liberar al deudor originario si así lo desea. No obstante, si no existe una liberación expresa, el principio general será que el deudor originario y el nuevo deudor responderán solidariamente ante el acreedor. Este matiz es importante porque el acreedor puede escoger a quién reclamar el cumplimiento: al antiguo deudor, al nuevo, o a ambos. ¿Es posible el consentimiento anticipado? El Código también contempla el consentimiento anticipado. Esto puede darse si: ● El consentimiento consta por escrito en el contrato inicial. ● Se emite un documento separado que haga referencia expresa al contrato original. En estos casos, la cesión surte efectos cuando el acreedor es notificado o cuando reconoce la transferencia. Este mecanismo facilita las operaciones comerciales, ya que no es necesario pedir autorización nuevamente si ya estaba prevista en el acuerdo inicial. ¿Qué excepciones puede oponer el nuevo deudor? El nuevo deudor puede oponer al acreedor todas las excepciones reales que tenía el deudor original. Estas son las defensas que derivan directamente de la naturaleza de la obligación (por ejemplo, que el contrato es nulo). Sin embargo, no puede alegar las excepciones personales del deudor originario (como una incapacidad personal para pagar) ni utilizar el derecho de compensación que el deudor original tuviera contra el acreedor. Este punto protege al acreedor, asegurando que la cesión no lo coloque en una posición menos favorable. La cesión de deuda permite mayor flexibilidad en las relaciones contractuales, pero debe manejarse con cuidado para evitar situaciones de incertidumbre o solidaridad no deseada. El consentimiento del acreedor sigue siendo la piedra angular para que la cesión sea válida y eficaz. Fuente: Código de Comercio. (2019). Registro Oficial Suplemento No. 497. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila ProañoLunes, 28 de Abril del 2025
Esta figura antes cuestionada ahora cuenta con aceptación unánime en la región, influenciada por convenios internacionales que establecen un marco normativo común. Este marco ha guiado la formulación de normativa interna, lo que explica las similitudes dentro de las consideraciones internas de cada país.Cuando se menciona sobre la autoridad designante, se observa que Fiscalía es consistentemente identificada como la entidad clave en la toma de decisiones sobre el empleo del agente encubierto. Este papel se fundamenta en la transición hacia sistemas procesales acusatorios orales en la región, donde la Fiscalía, como ente encargado de la investigación, se ve naturalmente capacitada para dirigir estas operaciones especiales. A pesar de esta tendencia común, existen variaciones importantes, como en Perú donde se requiere un informe adicional de la Policía Nacional antes de que la Fiscalía pueda autorizar la intervención de un agente encubierto, mientras que en Bolivia es el juez quien emite la autorización mediante resolución judicial. En Ecuador, la figura del agente encubierto está establecida en el COIP, donde Fiscalía tiene la exclusividad para planificar y ejecutar operaciones encubiertas. La legislación ecuatoriana aún no detalla exhaustivamente todos sus aspectos, centrando más en las características esenciales que deben tener estas operaciones.Respecto a los requisitos personales del agente encubierto, se observan divergencias entre algunos países. Mientras que en Colombia y Perú se permite la participación de particulares, bajo ciertas condiciones específicas como la confianza ganada o la previa vinculación con la organización criminal, en Bolivia se restringe estrictamente a funcionarios policiales con idoneidad comprobada. La legislación ecuatoriana no detalla explícitamente los requisitos personales, limitándose a mencionar la participación de Personal Especializado de Fiscalía o la Policía Judicial.Los requisitos para la aplicación de la técnica del agente encubierto incluyen la necesidad de una investigación previa sustancial que justifique su uso y la existencia de indicios de actividad delictiva. Esto garantiza que su aplicación no sea arbitraria y esté respaldada por un análisis previo de la situación. Dentro de la normativa ecuatoriana, se especifica que la investigación previa es crucial para asegurar elementos probatorios sólidos antes de emplear esta técnica, lo cual se considera fundamental desde una perspectiva de debido proceso.En cuanto a la forma de designación del agente encubierto, en todos los países se requiere la emisión de un documento donde se detallen los presupuestos legales, los principios que guiarán la operación encubierta, la duración y condiciones de la misma. Continuando se menciona su responsabilidad legal por sus acciones durante la operación. Se contempla que puede llegar a ser sujeto de responsabilidad penal y civil por cualquier acto realizado fuera de las directrices legales o que cause daño desproporcionado a bienes jurídicos. Sobre su protección se establece que, en Perú se garantiza la protección del agente encubierto mediante dos mecanismos, el ocultamiento de su identidad durante la investigación y una protección continua una vez finalizada. Pasa similar en Bolivia, donde se establece un grupo de apoyo permanente para su seguridad física, apoyo psicológico periódico, inclusión prioritaria en programas de protección a testigos si es necesario, y protección constante para su familia, además del mantenimiento confidencial de su identidad durante el tiempo necesario. En el país se cuenta con un Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, dirigido por la Fiscalía General del Estado.En cuanto a los permisos, los agentes encubiertos tienen autorizaciones orientadas a obtener pruebas delictivas y desarticular organizaciones criminales. Estas incluyen la obtención de identidades falsas para proteger su seguridad y la de sus familias, la capacidad de infiltrarse en organizaciones criminales para obtener pruebas, y en casos necesarios, la facultad de cometer actos ilícitos bajo supervisión judicial y sin consecuencias penales directas. Además, pueden transportar y adquirir objetos relacionados con el delito. Dentro del país, estos permisos están limitados por el principio de proporcionalidad y el respeto a los derechos fundamentales. Si bien se permite la infiltración en organizaciones criminales, se prohíbe impulsar o cometer delitos que afecten los derechos generales de las personas. La licencia para actuar con identidad falsa se otorga por un máximo de dos años y puede ser prorrogada bajo evaluación fiscal.Se debate intensamente sobre los costos sociales asociados con la implementación de agentes encubiertos. Donde una preocupación central es el potencial impacto hacia los derechos, como el derecho a la vida y la salud de terceros, cuando un agente encubierto se ve obligado por la organización criminal a participar en actividades delictivas graves, como homicidios o tráfico de drogas. Aunque estos derechos están protegidos por la Constitución, se justifica su vulneración bajo el principio de necesidad, argumentando que el fin de desarticular organizaciones criminales justifica estos medios excepcionales.Se detallan algunos beneficios del agente encubierto tales como, la dotación de pruebas suficientes donde la técnica permite obtener información y pruebas cruciales que son inaccesibles desde fuera de la organización criminal; la recuperación de Ingresos Ilícitos la cual permite identificar los instrumentos y beneficios obtenidos por las actividades delictivas, facilitando así su recuperación por parte del Estado; la sanción a los responsables se enfoca en la investigación de los mandos medios y altos de las organizaciones criminales, no solo en los ejecutores menores; la desestructuración de organizaciones criminales donde el objetivo es desmantelar las estructuras centrales, deteniendo a sus cabecillas y desarticulando su funcionamiento interno; y la respuesta a la seguridad pública que contribuye a la confianza pública al desarticular organizaciones que amenazan el orden social.La intervención del agente encubierto está estrictamente enfocada en recolectar información relevante para la comisión o planeación de delitos, no para divulgar aspectos íntimos de la vida privada de los investigados. Toda la información obtenida se mantiene en secreto bajo el principio de reserva judicial y se utiliza únicamente para el esclarecimiento de delitos graves, como el narcotráfico o el sicariato. El derecho a la no autoincriminación implica que nadie puede ser obligado a declarar en su contra ni contribuir a su propia condena. La información recopilada por agentes encubiertos no se considera autoincriminación porque no es una declaración voluntaria del acusado, sino una recopilación de datos relevantes para la investigación penal, filtrada por controles judiciales y fiscales para evitar cualquier abuso.La técnica del agente encubierto es necesaria para combatir eficazmente a organizaciones criminales que operan con métodos sofisticados y rápidos. Se justifica como el único medio efectivo para infiltrarse en estos grupos y recolectar pruebas sobre delitos graves como extorsión, tráfico de drogas u otros. A pesar de las críticas sobre engaño y traición, se sostiene que los beneficios para la sociedad superan estos aspectos éticos cuestionables. La técnica es vista como una herramienta legítima cuando se utiliza en casos extremos donde las repercusiones sociales son significativas.La jurisprudencia internacional, como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha abordado este tema, estableciendo que el uso de agentes encubiertos no necesariamente viola los derechos fundamentales siempre que el delincuente mantenga su libertad de decisión y acción, incluso si interactúa con agentes encubiertos sin saberlo.Referencias BibliográficasArcos, D. (2017). Debate sobre la justificación del agente encubierto en el Ecuador. (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito.Farto, A. (2017). El Agente Encubierto en el Código Orgánico Integral Penal. (Tesis de pregrado). Universidad San Francisco de Quito, Quito. https://core.ac.uk/reader/160260200 Yánez, P. (2017).La figura del agente encubierto en el sistema penal ecuatoriano. (Tesis de pregrado). Universidad de Cuenca, Cuenca. https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27078/1/Monograf%c3%ada.pdfBlog escrito por el consultor José BarrigaViernes, 25 de Abril del 2025
El Código Tributario ecuatoriano establece una arquitectura clara y funcional para la gestión de los tributos en el país. Desde el nivel central hasta el local, cada autoridad tiene asignadas competencias definidas, que buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con transparencia, equidad y eficiencia.Comprender estas disposiciones no solo es útil para los especialistas en derecho o contabilidad, sino para cualquier ciudadano que desee conocer mejor cómo opera el sistema fiscal del país y cuáles son sus derechos y deberes dentro de él.Capítulo I: Los órganos de la administración tributariaArtículo 64: Administración Tributaria CentralA nivel nacional, la dirección de la administración tributaria recae en el Presidente de la República, quien la ejerce a través de los organismos establecidos por la ley. Esto abarca no solo los tributos fiscales, sino también otros tributos cuya base impositiva coincida o se relacione con la de los impuestos nacionales.Asimismo, la administración tributaria central puede encargarse de la recaudación de tributos destinados a otras entidades públicas, cuando así lo determine la ley, incluso si dichos tributos corresponden a gobiernos autónomos descentralizados.Artículo 65: Administración Tributaria SeccionalEn el ámbito local, la dirección tributaria corresponde a las autoridades seccionales: Prefectos Provinciales y Alcaldes Municipales, quienes ejercen esta función a través de las dependencias y órganos que establezca la normativa legal.Estas autoridades gestionan los tributos propios de sus jurisdicciones, así como aquellos tributos adicionales cuya base impositiva coincida con la de los tributos principales, incluso si su recaudación ha sido atribuida a otros organismos.Artículo 66: Administración Tributaria de ExcepciónExisten casos excepcionales en los que la ley otorga directamente a una entidad pública la gestión de sus propios tributos. En tales situaciones, la administración será ejercida por los órganos señalados por la misma ley, o, en su defecto, por las autoridades responsables de ordenar o ejecutar la recaudación.Capítulo II: Facultades de la Administración TributariaArtículo 67: Facultades generalesLa administración tributaria está facultada para: Aplicar la ley tributaria; Determinar la obligación tributaria; Resolver reclamos y recursos presentados por los sujetos pasivos; Imponer sanciones por infracciones; Celebrar transacciones en los términos legales; Recaudar los tributos. Estas competencias le otorgan un marco jurídico para actuar de forma eficaz, transparente y dentro del principio de legalidad.Artículo 68: Facultad determinadoraLa determinación de la obligación tributaria consiste en una serie de actos reglados que permiten establecer, en cada caso, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y el monto del tributo. Esta facultad incluye la verificación, corrección o complementación de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, así como la adopción de medidas necesarias para establecer el tributo correspondiente.Artículo 69: Facultad resolutivaLas autoridades administrativas competentes deben emitir resoluciones debidamente motivadas, dentro del plazo legal, respecto de cualquier consulta, petición, reclamo o recurso interpuesto por los sujetos pasivos o personas que se consideren afectadas por un acto tributario.Artículo 70: Facultad sancionadoraLas sanciones previstas por la ley serán impuestas mediante resolución administrativa, respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.Artículo 71: Facultad recaudadoraLa recaudación de tributos se llevará a cabo por las autoridades designadas, según los procedimientos establecidos por la ley o el reglamento. También puede encargarse a agentes de retención o percepción debidamente autorizados.Facultad de transigirLa administración tributaria, como titular activo de la relación tributaria, puede recurrir a la transacción como mecanismo para evitar controversias, promoviendo principios como la equidad, suficiencia recaudatoria, igualdad y proporcionalidad. Esta facultad puede ejercerse antes, durante o después del ejercicio de las otras competencias administrativas.Fuente: Código Tributario. (2025). Suplemento del Registro Oficial No. 38, 14 de junio de 2005, Ecuador.Blog escrito por Ashly ManchayMiércoles, 23 de Abril del 2025
Análisis Legal y Consecuencias JurídicasEn el marco del Derecho Civil, los contratos constituyen vínculos jurídicos que obligan a las partes a cumplir con las prestaciones acordadas. Cuando se trata de obligaciones de hacer, el incumplimiento de una de las partes puede generar consecuencias importantes tanto en términos de ejecución forzada como de indemnización de perjuicios. El ordenamiento jurídico contempla mecanismos para proteger a la parte cumplidora y garantizar la eficacia de lo pactado. Este artículo aborda dichas consecuencias a la luz de los artículos 1569, 1570, 1505 y 1561 del Código Civil.1. Obligaciones de Hacer e Incumplimiento: Artículo 1569El artículo 1569 regula las acciones del acreedor frente al incumplimiento de una obligación de hacer, es decir, aquellas en que el deudor se compromete a realizar una determinada actividad o prestación personal. Si el deudor incurre en mora, el acreedor podrá optar por: La ejecución sustitutiva, es decir, que un tercero realice la obligación a costa del deudor. La indemnización de perjuicios, solicitando al juez que el deudor compense los daños derivados del incumplimiento. Esta disposición es fundamental porque otorga herramientas al acreedor para preservar su interés contractual, ya sea mediante la ejecución material de la prestación por un tercero o el resarcimiento económico por el daño sufrido.2. La Promesa de Contrato y su Cumplimiento: Artículo 1570La promesa de celebrar un contrato puede parecer una obligación de hacer, en tanto se refiere a un compromiso de ejecutar un acto jurídico futuro. El artículo 1570 establece que dicha promesa solo produce efectos vinculantes si se cumplen ciertos requisitos, como que conste por escrito, contenga un plazo o condición, y especifique el contrato prometido.Cuando se cumplen estas condiciones, se activa lo previsto en el artículo 1569, permitiendo al acreedor exigir el cumplimiento forzado de la promesa o una indemnización por incumplimiento.3. Contratos Bilaterales e Incumplimiento: Artículo 1505En los contratos bilaterales, el cumplimiento de una parte está condicionado al cumplimiento de la otra. El artículo 1505 reconoce implícitamente una condición resolutoria tácita, que permite a la parte cumplidora optar entre: Exigir la resolución del contrato, liberándose de sus propias obligaciones; o Exigir el cumplimiento forzoso, junto con la indemnización de perjuicios. Esto se conecta directamente con el artículo 1569, pues si la obligación incumplida es de hacer, el acreedor podrá ejercer cualquiera de las acciones contempladas allí, según le convenga.4. El Principio de Fuerza Vinculante del Contrato: Artículo 1561El artículo 1561 consagra el principio de que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes”. Esto implica que las partes deben respetar y cumplir lo acordado, salvo que medie consentimiento mutuo o una causa legal para su terminación.Este principio refuerza la posibilidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo las de hacer, a través de los mecanismos legales descritos. No se trata simplemente de un deber moral, sino de una obligación jurídicamente exigible.La ejecución de las obligaciones de hacer por incumplimiento de una de las partes encuentra respaldo en diversas disposiciones del Código Civil. El artículo 1569 otorga opciones claras al acreedor: ejecución sustitutiva o indemnización. Este marco se complementa con el artículo 1570, en el caso de promesas de contrato, y con el artículo 1505 para contratos bilaterales. Todo esto se sostiene sobre el principio de fuerza obligatoria del contrato, previsto en el artículo 1561. En conjunto, estas normas buscan equilibrar las relaciones contractuales y proteger el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos. Fuente: Código Civil del Ecuador. (2005). Registro Oficial Suplemento No. 46. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Camila Proaño Martes, 22 de Abril del 2024
1. ¿Qué es la citación de acuerdo al COGEP?Se establece un concepto según lo determina el Art. 53 del Código Orgánico General de Procesos. Mencionando que la citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado por la o el juzgador.La diligencia preparatoria que se menciona en el párrafo anterior es un pedido realizado ante el juez para que se practique una determinada diligencia, con el propósito de usar lo actuado en la misma en un futuro juicio. Se añade otras significaciones que contribuyen a lo mencionado por el Código Orgánico General de Procesos mencionando que la Citación es el acto procesal por el que se hace conocer a la parte demandada que existe un proceso judicial en su contra. Por medio de esta diligencia se garantiza el derecho a la defensa de las partes involucradas. En este caso al ser la etapa procesal que da inicio al juicio tiene que ser realizada en legal y debida forma, cumpliendo con ciertos requisitos para que ésta sea válida y no incurrir en ningún tipo de nulidad en el proceso.Si una parte demuestra su conocimiento de una petición o providencia, ya sea por escrito o mediante un acto registrado en el proceso, se considerará citada en la fecha en que se presentó el documento o se llevó a cabo dicho acto.En el caso de que el actor haya proporcionado la dirección de correo electrónico del demandado, la o el juzgador también ordenará que se le envíe por correo electrónico un extracto de la demanda y del auto inicial. Esto se registrará en el sistema, pero no reemplaza la citación oficial.2. ¿Cuántas formas o maneras de citación tenemos en la normativa vigente?La citación al ser la etapa procesal que da inicio al juicio tiene que ser realizada en legal y debida forma, cumpliendo con ciertos requisitos para que ésta sea válida y no incurrir en ningún tipo de nulidad en el proceso. El artículo 54 del COGEP por su parte hace referencia a la citación por persona. Es decir, cuando el citador entrega de manera directa, el acto de proposición en cualquier lugar, día y hora sobre el contenido de la demanda, de la petición de una diligencia preparatoria, de todas las providencias recaídas en ella y de cualquier otra información que a juicio de la o del juzgador sea necesaria para que las partes estén en condiciones de ejercer sus derechos, a la persona demandada. En el caso de personas jurídicas o de personas que no puedan representarse por sí mismas, la citación personal se la realiza por medio de su representante legal. De la diligencia la o el citador elaborará el acta respectiva.Refiere una segunda forma que se detallada en el artículo 55 del mismo código y se denomina citación por boletas. Esta citación consiste en que el citador, una vez cerciorándose que la persona demandada tenga su domicilio en esa ubicación, fije 3 boletas en días distintos. En este caso, si se entregan las boletas de citación, la persona que las recibe debe ser un familiar del demandado, de lo contrario no será válida ni correcta la citación efectuada. Por otro lado en el caso de personas jurídicas, de igual manera, una vez cerciorándose que la empresa opere y funcione en ese establecimiento, se puede entregar a cualquiera de los dependientes dentro de horarios laborales. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de habitación.Por último, hay ocasiones en las que se le imposibilita a la parte actora determinar el domicilio de los demandados, y en virtud del principio de celeridad procesal, el artículo 56 del COGEP hace referencia a la citación a través de medios de comunicación. El primer medio de comunicación válido es la prensa (en un periódico de amplia circulación del lugar). Una vez entregado el extracto de la demanda o solicitud pertinente y de la providencia respectiva, se lo debe publicar en tres fechas distintas en un periódico de alta circulación a nivel local o nacional, dichas publicaciones deberán ser agregadas al expediente para evidenciar la citación por prensa. La segunda alternativa es por medio de la radio, que de la misma forma, los mensajes serán transmitidos en tres días distintos y por lo menos tres veces al día entre el horario de seis a veintidós horas, y que contendrán un extracto de la demanda o solicitud pertinente. Se presentará la respectiva grabación de la transmisión para su constancia. Sin embargo, la citación por medio de radiodifusora solo se llevará a cabo cuando el Juez considere que es la mejor opción. Culminadas las formas se menciona a posterior en el mismo cuerpo normativo que si el requerimiento de declarar la imposibilidad de identificar el domicilio o la residencia del demandado, así como la realización de todas las gestiones necesarias para localizar a la persona que se busca citar de esta manera, como consultar registros de acceso público, será realizada por el solicitante. Esta declaración se llevará a cabo bajo juramento ante el juez del proceso o, alternativamente, mediante deprecatorio a la o el juzgador del domicilio del actor.En el caso mencionado previamente, se incluirá también la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que señale si la persona salió del país o está registrada en el consulado. En caso de confirmarse, se procederá a citar a través de carteles colocados en el consulado donde esté registrado.El juez no aceptará la solicitud a menos que se cumpla con esta condición. En caso de aceptarla, deberá explicar las razones de su decisión.Pasados veinte días desde la última publicación o difusión del mensaje por radio, comenzará el plazo para responder a la demanda.Si se demuestra que la parte actora, su apoderado o ambos mintieron sobre la dirección domiciliaria o residencia del demandado o sobre la imposibilidad de identificarlo, se enviará una copia de lo actuado al fiscal correspondiente para su investigación.La citación a las y los ecuatorianos en el exterior cuyo domicilio se conoce se realizará mediante exhorto a las autoridades consulares. A las y los herederos conocidos se citará personalmente o por boleta. La citación a las comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y campesinas no organizadas como persona jurídica se realizará con la entrega de una copia de la demanda, de la petición de una diligencia preparatoria, de las providencias recaídas en ella y de la respectiva resolución, a tres miembros de la comunidad que sean reconocidos como sus dirigentes y por carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados. Además de las copias en idioma castellano, se entregará copias en el idioma de la comunidad en la que se realiza la diligencia. Las citaciones a las instituciones del Estado y sus funcionarios por asuntos propios de su empleo se realizarán en la dependencia local más próxima al lugar del proceso. Para el caso de la citación al Procurador General del Estado se procederá conforme con la ley. La citación a las o los agentes diplomáticos extranjeros, en los asuntos contenciosos que le corresponde conocer a la Corte Nacional de Justicia, se hará a través del ministerio o la institución encargada de las relaciones exteriores mediante oficio. 3. ¿Cuáles son las diferencias entre notificación y citación?La citación es el acto solemne mediante el cual se realiza el llamamiento de una persona Natural o Jurídica para que se defienda. Este es el medio legal para poner en conocimiento al demandado que está siendo demandado o que tiene una acción en su contra, la misma garantiza el derecho a la defensa. En cambio la notificación, es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, de otras personas o de quien debe cumplir una orden o aceptar un nombramiento expedido por la o el juzgador, todas las providencias judiciales.En la notificación las partes, al momento de comparecer al proceso, determinarán dónde recibirán las notificaciones. Por ejemplo en el casillero judicial, domicilio judicial electrónico, correo electrónico de una o un defensor legalmente inscrito o el correo electrónico personal. Mientras que la citación tiene que realizarse el llamamiento intentado encontrar a la persona por las formas de citación establecidas, puesto que las partes aún no han determinado donde recibirán las sendas manifestaciones respecto al proceso.Otro punto sería mencionar que la citación se realiza al principio del proceso, se realiza para que se inicie el juicio; por otro lado se menciona que la notificación se produce dentro del juicio, ya teniendo un proceso en curso.Según Chiovenda (2000) Tratándose de iniciar un litigio, es natural que la citación no pueda dirigirse a persona distinta del demandado. Pero no siempre la citación personal puede notificarse a la persona misma del demandado; a falta de esa posibilidad, se recurre a equivalentes. Por otro lado la Notificación en propia persona o en mano propia, cuando se entrega la copia al mismo demandado en persona. La entrega puede hacerse dondequiera se encuentre el demandado. En nuestra legislación contempla que se podrá notificar en el casillero judicial, domicilio judicial electrónico, correo electrónico de una o un defensor legalmente inscrito o el correo electrónico personal.Y por último podría establecerse que la citación ordena una comparecencia judicial, o sea, ante el tribunal, mientras que la notificación es una comunicación de esa orden mediano el procesamiento pautado por la ley.Referencias Bibliográficas Asamblea Nacional. (22 de mayo de 2015). Código Orgánico General de Procesos. Suplemento(506). Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial No. 506. Chiovenda, J. (2000). Principios de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Reus. Echandía, D. (2007). Estudios de Derecho Procesal (Vol. I). Bogotá, Colombia : ABC Bogotá. El Telégrafo. (2017). Cogep: De la notificación. El Telégrafo. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/punto/1/cogep-de-la-notificacion Morán, R. (2009). Derecho Procesal Civil Práctico: Principios Fundamentales del Derecho Procesal. Edilex S.A. Guayaquil. Zavala, E. (2016). Código Orgánico General de Procesos COGEP: Notas de estudio. Murillo, Editores. Guayaquil. Blog escrito por el Consultor José BarrigaJueves, 17 de Abril del 2025
